Las pavadas

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¡Qué sarta de estupideces!

Más allá de si Cristina robó o no, de si Macri gobierna para los ricos o todo lo contrario –aseveraciones que serán firmemente creídas o refutadas, según de qué lado de la famosa “grieta” se encuentre el opinante– hay una serie de ideas descabelladas que campean alegremente en el imaginario del argentino promedio y que hacen que, previsiblemente, seguiremos tropezando siempre con las mismas piedras o, dicho de otro modo, dando vueltas a esta noria que, más a la corta que a la larga, mata.

«Hay que redistribuir la riqueza»

Está muy generalizado el concepto de que esa famosa redistribución es la gran deuda pendiente para ser un país de gente feliz, otorgando poca o nula importancia a la generación de dicha riqueza. No deberíamos olvidar jamás que el proceso de creación de los bienes y servicios que constituyen “la riqueza”, es necesariamente previo a cualquier tipo de redistribución, justa o injusta, que se quiera impulsar o sostener.

Y.claramente, no será por el voluntarismo de algún decreto emanado de una mente brillante y altruista que se logrará aquella “distribución justa” con que sueñan y se babean algunos.

Si no alentamos fervientemente la cración de riquezas y, en cambio, alentamos una distribución “justa” de escasos bienes, solo lograremos igualdad en la pobreza.

La creación de un bien que es útil y, por tanto, demandado, beneficia a quien lo produce y comercializa tanto como a quien, voluntariamente, lo consume. No habría que desalentar, por tanto, a los creadores de riqueza.

«Hay que lograr la igualdad»

Esto es otra forma de expresar la pavada anterior. Da la sensación de que muchos prefieren seguir siendo pobres con tal de que no haya más ricos. Tamaña estupidez se ve claramente en discusiones de políticos y opinólogos de todas las latitudes, pero me intersa focalizarme en el caso de Chile, donde también se da este debate con cierta virulencia. A pesar de haber reducido notablemente la pobreza y casi desterrado la pobreza extrema con las políticas económicas aplicadas por unos 30 años, nuestro vecino país sigue teniendo elevados índices de desigualdad. Esto lleva a ciertos sectores a reclamar el dinamitado de este exitoso sistema económico («Pasar la retroexcavadora», dijo la expresidente), para terminar con esa desigualdad. ¿Tan poco criterio analítico tienen para reconocer que el sistema ha sido exitoso? ¿Es necesario cambiarlo aunque haya mostrado enormes ventajas sobre lo anterior porque se instaló durante la dictadura de Pinochet?

«Hay que defender las conquistas sociales»

Las conquistas sociales que no vienen de la mano de mejoras en la productividad, necesariamente las paga algún otro sector de la comunidad. Una empresa, para dar un ejemplo, con 100 empleados, puede darse el lujo de pagar a uno o varios de ellos que no trabajen o al menos que nada de valor produzcan. Y no caben dudas de que esos sueldos saldrán del  trabajo productivo de los restantes empleados.

Pero, ¿podría darse el lujo de manter a los 100 con un buen sueldo y no trabajado? Omito por obvia la respuesta.

De igual modo, un gremio con “poder de fuego” (camioneros o bancarios, por ejemplo) que si hacen huelga paralizan el país, probablemente estará en mejores condiciones de obtener esas famosas “conquistas sociales”, pero, con toda seguridad, será a expensas de otros sectores que la pagarán con carestía y empobrecimiento o con inflación; en definitiva, toda “conquista social” no generada por mayor productividad, sale del trabajo productivo de otro sector de la economía.

«No hay que criminalizar la protesta»

Otra sandez mayúscula. Bajo el paraguas de esta sesgada teoría, se permitió durante largos años –y se permite aún– la comisión de todo tipo de tropelías y delitos en ocasión de una protesta. Si a un ciudadano común se le ocurriese apedrear y romper una vidriera, aprovisionándose previamente de pedazos de baldosas, asfalto o aún trozos de estatuas, con toda seguridad sería inmediatamente detenido y caerían sobre él una serie de artículos del Código Penal. Pero si esos delitos se cometen por una horda desaforada cuyos reclamos pueden o no ser justos –detalle de poca importancia– entonces están amparados por la siniestra teoría.

No se trata de criminalizar la protesta, sino de reprimir (sí, dije reprimir) los delitos que se comenten en tal ocasión.

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«El derecho de huelga está garantizado en nuestra Constitución»

No soy experto en temas legales, pero entiendo que este derecho, como cualquier otro, debe tener ciertas limitaciones que deberían estar establecidas en leyes.

Por ejemplo, el derecho a parar, no puede incluir el de impedir que trabajen quienes no están de acuerdo con la medida, como tan a menudo ocurre.

Entiendo que los servicios públicos, como el transporte, deberían estar sujetos a regímenes legales diferentes; por ejemplo, no debería estar permitido el “paro sorpresivo”. Y esto debería ser así por cuanto la medida de fuerza debe estar dirigida a ejercer una coerción al empleador, al producirle un perjuicio económico. Pero en el caso del paro sorpresivo, el gran perjudicado es el usuario, habitual convidado de piedra en el conflicto.

Pero hay todavía algo más preocupante, por no decir descabellado en numerosas “medidas de fuerza” de nuestros sindicalistas Nac&pop.

Hace un tiempo oí decir por radio a uno de los popes sindicales (no recuerdo el nombre ni el gremio al que pertenece), que tomarían medidas de fuerza en contra del rumbo de la política económica del gobierno.

Entiendo que un reclamo sindical se haga por aumentos de sueldo o mejoras en las condiciones de trabajo. Entiendo que los sindicalistas quieran y puedan opinar acerca de política, pero no que invoquen sus discrepancias con el gobierno como causal de la huelga.

No es razonable que los sindicatos docentes pretendan imponer la política educativa, ni los ferroviarios lo relativo a ese servicio, etc.

Tienen todo el derecho del mundo a opinar, a pedir que su opinión sea oída antes de tomar decisiones, pero jamás fundar una huelga o paro por discrepancias con las políticas tomadas por un gobierno en ejercicio de sus misiones y funciones.

No está, en cambio, entre las misiones y funciones de los sindicatos, el dictar las políticas gubernamentales para el sector, ni es esa la razón de su exisencia.

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«La Ley de alquileres»

En su afán de proteger a los más débiles, se ha dictado en la recordada década peronista y alguna otra vez, si mal no recuerdo, una ley que congelaba los alquileres. Esto, con el disfraz de proteger a los débiles inquilinos, solo consiguió “proteger” a quienes ya habían alquilado en desmedro de los propietarios y de quienes no habían alquilado aún. Además, desalentó la construcción de viviendas para alquilar. Un despojo absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación era elevada, que todos los demás precios aumentaban, a pesar de las campañas contra “el agio y la especulación”, como si la culpas del alza de los precios fuese de los almaceneros de barrio.

Algo parecido ocurre con toda la maraña de legislación de protección del trabajo que, por lo costosa, desanima al probable empleador a crear nuevos puestos de trabajo, sin mencionar lo azaroso de la contratación de un nuevo trabajador. Nuevamente, esta legislación protege a quienes ya consiguieron su colocación (y también a los sindicalistas) y deja en el desamparo más absoluto a quienes buscan trabajo.

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«¡No al ajuste!»

Harto hemos oído proclamar el visceral rechazo al ajuste. A tal punto que ningún politico en campaña admitirá que está en sus planes hacerlo. O bien no está en sus planes, pero al acceder al gobierno, lo implemente de todos modos.

Veamos: la resaca es consecuencia inevitable de la borrachera. Nadie se queja de la fiesta, pero sí del momento de enfrentar la factura.

Por ello, no deberíamos criticar los ajustes sino los desajustes previos que lo provocaron.

Ningún gobierno, por perversas que fuesen sus intenciones, aplica un ajuste porque sí o por el placer de perjudicar a la mayoría; después de todo, la mayoría vota, y suele hacerlo a quienes organizan la fiesta y no a quienes se deciden a pagarla.

Pero es bueno recordar: siempre es preferible el ajuste a las consecuencias de no hacerlo.

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«A propósito de la enfermedad de Florencia Kirchner» y del angustioso mensaje de su madre pidiendo respeto, se han producido una serie de comentarios, como siempre, a favor y en contra. No es el caso de analizar a los que insultan sin argumentar. Y sería bueno que recordásemos que este tipo de mensajes abundan tanto de un lado como del otro. Tembién sería bueno que los rechazáramos siempre, sin importar en qué dirección fueron lanzados.

Pero, con frecuencia vemos que se crea un estereotipo de alquien que se mofa o alegra con la enfermedad o la muerte para extender ese desvío emocional a todos aquellos que sostienen ideas contrarias a las propias. No todo el arco opositor se alegró y festejó la muerte de Eva Perón, ni la de Kirchner, ni todos los oficialstas de entonces se alegraron de la de Nisman, al menos, eso creo.

Nadie, con algo de salud mental, puede alegrarse de la enfermedad de la joven Florencia. Asmimismo, nadie con algo de mente crítica, puede pensar que, por ser hija de quien es y por no haber seguido los pasos de sus padres en política no deba ser citada por la justicia cuando hay certeza de su participación en puestos y decisiones de relevancia en empresas de sus padres que son, hoy, investigadas. Y no es, como su madre afirma, que se pueda invocar la inevitabilidad de la posesión por herencia como situación exculpatoria. Se la investiga por decisiones tomadas en función de los cargos que desempeñó.

Y no se trata de canallas de los medios quienes ven en este proceso de viaje a Cuba una maniobra para eludir a la justicia. Es altamente sospechoso que esa enfermedad no pueda tratarse aquí y sí en un país donde, casualmente o no, hay un gobierno amigable con el que encabezó la expresidente y no hay tratado de extradición.