La realidad que duele

Por muy reiterativo que resulte, es bueno recordar que cualquier distribución que se pretenda hacer de la riqueza, siempre será un hecho posterior a su creación.

Y, por una cuestión de lógica elemental, la producción de bienes y servicios debe ser estimulada o fomentada por todos los medios posibles. Si hay poca riqueza, poco se podrá distribuir por muy buenas que sean las intenciones del "distribuidor".  

Nosotros nos hemos empeñado desde hace varias décadas (y lo estamos consiguiendo) en lograr un país pequeño, donde la mediocridad parece ser más aceptada que el mérito.

Como es más redituable políticamente ser generoso, aunque siempre sea con dinero ajeno, los sucesivos gobiernos se han dedicado a aumentar la carga impositiva, hasta niveles insólitos, sobre los que producen y trabajan para premiar a quienes no lo hacen.

La mera existencia en constante aumento de los planes asistenciales sin contraprestación (actitud que se "vende" como solidaria) es la evidencia del fracaso reiterado de las políticas económicas que venimos aplicando. No veo que los opinólogos diversos que defienden estas políticas, se pregunten seriamente por qué la pobreza no para de crecer, por mucho que proclamen su "opción por los pobres". Parece que lo que quieren no es sacar a los pobres de su condición, sino de hacerles su pobreza más confortable.

Y para seguir asistiendo a una población creciente de pobres, aumentan paralelamente la emisión de dinero y la presión impositiva, ¿sobre quiénes? Precisamente sobre los que producen, logrando así desalentar las inversiones de capital e iniciativas o animando al éxodo liso y llano. 

Y el resultado es que no solo emigran las empresas y los capitales, sino también los jóvenes. Pero no cualquiera de ellos, sino los más capacitados, que buscan su salida en los consulados o en Ezeiza. Despilfarro de recursos humanos que cuesta calificar, sobre todo teniendo en cuenta que los formamos a muchos de ellos en universidades públicas que pagamos todos y disfrutan los ciudadanos de otras latitudes.

La voracidad de la política

Todo esto lleva a una insaciable hambre de recaudación por parte de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Me permito dar un pequeño ejemplo de esa desmesura recaudatoria por parte del municipio en que habito hace varias décadas. Y es bueno aclarar que no está entre lo peores en cuanto a gestión sino todo lo contrario.

Los municipios cobran tasas que, en principio, son el pago por servicios concretos que brindan.  La tasa que se cobra a los comercios e industrias es la llamada "Seguridad e Higiene" (tasa esta que no exime del pago del tradicional ABL) y que debiera ser para sufragar los gastos que demanda el servicio de la inspección de tales establecimientos para garantizar a los clientes y empleados tanto la seguridad (no estamos hablando de seguridad policial sino respecto al posible daño que puedan ocasionar máquinas o instalaciones) así como la higiene, en particular de los alimentos.

Cuando la municipalidad otorga un certificado de habilitación, se supone que está garantizando al público y empleados esa seguridad e higiene mediante la inspección periódica que debiera realizarse. 

Es evidente que es mucho más compleja y, por lo tanto, costosa, la inspección que demanda un aserradero, un matadero o una estación de servicio que la que requiere una mercería, para dar un ejemplo. Y también es claro que los peligros a evitar en esos lugares son ciertos y de muy serias consecuencias respecto de accidentes o siniestros. 

Pues bien, en nuestro municipio, esa tasa se ha aumentado en años recientes de una manera considerable. No obstante, a quien explota o pretende habilitar un establecimiento de estas características, se le exige un estudio por parte de un profesional del área de Seguridad Industrial que certifique que se cumple con la totalidad de las regulaciones exigibles. Por supuesto que ese estudio lo paga el contribuyente quien no está eximido por eso de pagar al abultada tasa por una supuesta inspección que no se realiza o bien se hace solo administrativamente. 

Eso, si no es una doble imposición, se le parece bastante. 

La burrocracia

Si lo anterior fuese poco, quien pretende habilitar un establecimiento de cierta complejidad debe, además, solicitar una habilitación provincial previa, trámite este que demanda mucha paciencia, muchos meses de demora y eso contando con una buena dosis de suerte o de buenos contactos. Mientras tanto se le prohíbe realizar actividades.

Con todo ello, es probable que el osado que quiera invertir y realizar un proyecto productivo, además del contador, del gestor (habida cuenta de la complejidad de cada uno de los trámites que se exigen), del arquitecto que vise y apruebe los planos, el ingeniero en seguridad industrial, deberá requerir los servicios de un psiquiatra.

O bien, recurrir a una buena dosis de tintillo.